El debate sobre la forma de prestación de los servicios legales y el acceso a la justicia preside los foros jurídicos en Estados Unidos. La revisión de la manera de operar de la industria legal es una cuestión prioritaria para muchos.
El pasado mes de abril se publicó el Libro Blanco de Standord Center on the Legal Profession (Jason Solomon, Deborah Rhode y Annie Wanless) sobre reforma de la industria legal. El documento plantea la necesidad de reformar la actual normativa aplicable a la prestación de servicios legales y la acogida de fórmulas innovadoras que permitan facilitar el acceso a la justicia a sectores que actualmente lo tienen muy restringido o incluso vedado.
Recoge las palabras de Judy Perry Martinez, presidenta de la American Bar Association (ABA): “Necesitamos nuevas ideas. Estamos en una quinta parte del s. XXI y, sin embargo, nosotros seguimos confiando en las regulaciones y procedimientos del s. XX”.
Cuestiones clave del Stanford Wait Paper on Industry Legal Reform
La reflexión realizada por los profesores de Stanford parte de la actual crisis de acceso a la justicia en el sistema norteamericano y pone el acento en los siguientes problemas y necesidades:
- Las vigentes regulaciones sobre los proveedores de servicios legales limitan la capacidad de crear soluciones que atiendan la imperiosa necesidad de acceso a la justicia. La regla relativa a la conducta profesional 5.4 (ABA) sobre independencia profesional de un abogado, incluye varias disposiciones (i) «un abogado o bufete de abogados no compartirá honorarios legales con un no abogado; (ii) un «abogado no formará una sociedad con un no abogado»; (iii) un abogado no asesorará legalmente con fines de lucro si «un no abogado posee interés en la actividad prestada».
De acuerdo con esta regla, “los servicios legales deben ser prestados por una firma de abogados que sea propiedad, gestión y financiación exclusiva de abogados «.
El documento señala que prohibir la propiedad externa y la inversión de proveedores externos de los servicios legales contribuye a mantener la baja innovación y al alto coste de la atención legal que caracterizan a los EE. UU en el mercado legal actual. En definitiva, esta regla es un «factor determinante importante» de la crisis de acceso a la justicia. - La regla que prohíbe a los abogados asociarse con personas que no son abogados y prohíbe que los no abogados inviertan en bufetes de abogados, daña el mercado legal de dos maneras principales: (i) deja a las firmas de abogados sin capital; (ii) impide que se apliquen prácticas empresariales y comerciales innovadoras y rentables, dando lugar a que los abogados no satisfagan las necesidades de su clientela, que esperan servicios integrados e integrales.
- La regla 5.4 impide que las firmas de abogados utilicen las mejores prácticas comerciales tanto al inhibir la inversión a largo plazo en capital específico de la empresa, como la inversión en desarrollo de negocio, procesos y tecnología. Por tanto, evitando que las empresas ofrezcan capital u oportunidades de ingresos o participación en los beneficios, a individuos u organizaciones con experiencia en el ámbito empresarial.
- Una preocupación importante que suscita la propuesta de revisión de la regla 5.4 es la relativa al compromiso ético de los abogados y el respeto de las normas deontológicas. Sin embargo, en el documento se destaca el amplio apoyo recibido a la supresión de la regla por parte de los expertos en ética legal. Para contrarrestar estas preocupaciones, se apunta la idea de impulsar la figura del chief compliance officer que será responsable de garantizar el cumplimiento por parte de la organización de todos los principios éticos y exigencias de confidencialidad. La idea es que existan funciones como la del “asesor de ética” de la firma de abogados, encargado de promover la conciencia ética y el control del cumplimiento de las normas deontológicas.
California Bar Trustees y la propuesta de Regulatory Sandbox
En este entorno en el que cada vez más se alzan voces especializadas demandando una revisión de las reglas que controlan la prestación de servicios legales en EE.UU., la junta de trustees del Colegio de abogados de California aprobó mayoritariamente la semana pasada (9 votos a favor y 2 en contra), la propuesta de iniciar un Regulatory Sandbox que permita abrir un espacio de pruebas y de reflexión acerca de los modelos alternativos de prestación de servicios legales.
Los trabajos, que se prevén abarquen 2 o 3 años, desembocarán en una propuesta de marco normativo acorde con las necesidades del mercado legal actual y atento a los problemas de acceso a la justicia.
La propuesta, y su debate, contó con la intervención de Jason Salomon, director ejecutivo del Stanford Center on the Legal Profession, quien ha destacado el trabajo de la juez Lee Smalley Edmon (California Court of Appea. Second Appellate District, Division 3), así como de las importantes voces de los miembros no abogados de la junta que han defendido: “Es hora de poner a los consumidores en primer lugar cuando se regula el mercado de servicios legales».
Primero fue Utah, ahora California. Parece que el camino hacia la acogida de formas de prestación de servicios legales alternativos, es un camino sin retorno.
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