No deja de ser curioso que en el mundo digital dominado, por las grandes tecnológicas y muy poco a poco por el poder público -hay que ser realistas y precisos-, cualquier medida encaminada a limitar la posición de dominio de las primeras, es siempre cuestionada.
Hemos llegado a un momento en el que no sabemos distinguir la protección de la invasión; la libertad de la arbitrariedad. Cuando en la década de los ochenta nace internet, nace también a la par, la necesidad de regularlo y de establecer los límites infranqueables. Pero lo cierto es que ese marco regulatorio, en buena parte está por hacer, y en otra necesita adaptarse al uso que las personas hacemos de internet.
El buen uso de internet debe ser el gran principio que rija esta materia. Los grandes principios generales del derecho han sido el faro que ha iluminado el horizonte desde antiguo, y ahora son necesarios esos principios adaptados a la era digital.
En el s.XXI el buen uso de internet debe ser el gran principio que presida la regulación de las empresas tecnológicas, tanto para combatir el delito como para garantizar las libertades individuales y la seguridad.
Este es precisamente el foco del debate que actualmente se ha avivado en EEUU a propósito de un borrador de proyecto de ley presentado en el Congreso que tiene por finalidad penalizar y sancionar a las empresas tecnológicas que no respeten determinadas “buenas prácticas” en la red.
Así es, el borrador de proyecto de la ‘Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies Act o Earn it Act‘, a propuesta del presidente del comité judicial del Senado Lindsey Graham y, al parecer, del senador demócrata Richard Blumenthal -su nombre no aparece en el borrador-, no ha dejado impasible a nadie.
Parece que el origen y fundamento de la propuesta legislativa es ayudar a combatir el tráfico sexual infantil en internet, Child Sexual Abuse Material (CSAM), que sin lugar a dudas se presenta como una causa más que legítima y justificada.
El debate surge de la consideración de que no sería necesaria esta futura ley puesto que, con los mecanismos legales existentes en la actualidad, podría perfectamente sancionarse la violación de la ley federal en el caso de que una plataforma online no informara al Departamento de Justicia de cualquier comportamiento en la red que incitara a la explotación sexual infantil, sencillamente sería delito perseguible. De hecho, ascienden a millones las actuales alertas por parte de los intermediarios de los servicios de internet, en este sentido.
La propuesta, que puede leerse en el borrador, ha sido considerada por algunos como una auténtica restricción a la libertad de expresión y a la seguridad en internet y todo ello obedece a la amenaza que esta ley supondría para la inmunidad de las empresas tecnológicas reconocida en la famosa sección 230 de la Communications Decency Act de 1996 (CDA).
Las reacciones más contundentes se suscitan porque se interpreta la propuesta legislativa como una buena oportunidad para el poder ejecutivo de exigir que se suprima el encriptado de extremo a extremo de los mensajes en red cuando así lo demande por entender que pueda existir un caso de CSAM (en este sentido, The Center of Internet and Society -CIS- y Electronic Frontier Foundation –EFF–).
De acuerdo con el borrador, una Comisión integrada por 15 personas y presidida por el Fiscal General, es la encargada de validar esas “buenas prácticas” que los proveedores de servicios de internet tienen que respetar.
Al margen de las posiciones críticas ante el aparente excesivo poder que se otorga al Fiscal General en la configuración de esas exigencias, el temor viene producido porque probablemente estas “buenas prácticas” exigirán el acceso a las comunicaciones cifradas ya que será la manera de asegurar que no se produce CSAM en la red, porque si un proveedor no puede «ver» el contenido de los archivos debido a la codificación, es más difícil detectar los archivos que producen CSAM.
En definitiva, se podría acabar con el encriptado de extremo a extremo y con la inmunidad en esta materia de la sección 230 de la CDA para las tecnológicas.
Por tanto, para muchos el juego de equilibrios estaría entre seguir ayudando al desarrollo económico de internet -como se hizo en sus inicios a través de la sección 230- y buscar mecanismos legales que permitan frenar la delincuencia en línea. Que ese mecanismo legal tenga que ser suprimir el encriptado de extremo a extremo y permitir al poder público conocer el contenido de mensajes cifrados, es algo que la sociedad civil estadounidense no termina de ver. Antes, al contrario, la reacción que ha provocado esta propuesta es la de que se está abriendo la puerta al final de la privacidad y seguridad en internet.
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